La ley electoral

Tiene razón que le sobra Manuel Jiménez de Parga, ex presidente del Tribunal Constitucional, cuando en el ABC de ayer evoca el éxito de la revisión constitucional alemana, que exige el cinco por ciento de los votos en el cómputo nacional para que un partido político tenga escaños en el Bundestag o Parlamento federal alemán, distinto del Bundesrat, equivalente al Senado. De que los partidos regionales españoles -casi todos nacionalistas, soberanistas, confederalistas y hasta independentistas- puedan acceder al Congreso de los Diputados con sólo el cinco o, como casi siempre, el tres por ciento de los votos en su región provienen muchos quebrantos políticos, que no tienen solución política, si no se cambia la ley electoral. De esos partidos pequeños, que sólo recogen votos en su región, depende, en buena parte y casi siempre, la estabilidad y la dirección de la entera política española, condenada a favorecer de un modo u otro, hasta que no termine el mal entendimiento entre los grandes partidos de toda España, los intereses de los partidos más antiespañoles. El Senado sería el lugar natural de esos partidos regionales, pero ésta es otra de las cuestiones pendientes desde la misma Constitución. Una cosa es clara hoy por hoy: ni socialistas ni populares tienen ni convicción ni intención de cambiar la ley electoral, clave política y técnica de la solución.